Quiere más antenas en los colegios
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| (afectadosnudosur) |
El pasado 2 de noviembre el Ministerio de Industria nos convocó a una reunión para tratar el expediente de telefonía de la calle Ónice 3-5. Acudimos una representación de las asociaciones de vecinos y de madres y padres. Nos recibió el Jefe Provincial de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Martín Calle, quien desde el principio dejó claro con su actitud que aquello iba a ser una pérdida de tiempo.
Al Ministerio de Industria lo único que le interesa es que las antenas funcionen, los aspectos de telefonía. ¿Por qué iban a responder a las 500 alegaciones que hemos mandado cuando el proyecto cumple con los requisitos técnicos de telecomunicaciones?, nos dijo.
No constituye una prioridad para este ministerio velar por la minimización de las emisiones en los espacios sensibles (guarderías, centros de educación infantil, primaria, centros de enseñanza obligatoria, centros de salud, hospitales, parques públicos y residencias o centros geriátricos). A pesar de que así lo recoge el artículo 8.7.d del R.D. 1066/2001 y el punto tercero de la Orden CTE/23/2002.
Según el Jefe Provincial de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, la mención a los espacios sensibles que hace la ley mejor suprimirla porque solo les da quebraderos de cabeza.
El principal argumento que utiliza el ministerio de Miguel Sebastián para justificar su desconsideración hacia la salud de los menores, es que ninguna instalación de telefonía móvil supera los niveles máximos que permite la legislación (61 voltios por metro) y que, en los casos de espacios sensibles, el ministerio rebaja a 30,5 voltios por metro.
Le recordamos que esos niveles están 100 y 50 veces, respectivamente, por encima de las recomendaciones científicas internacionales que aconsejan emisiones máximas de 0,6 voltios por metro (61/0,6=101; 30,5/0,6=50). Mencionamos que el Parlamento Europeo ha recogido estas peticiones en su resolución de 4 de septiembre de 2008. Al igual que han hecho la Resolución de Copenhague de octubre de 2010 y el Informe Bio-iniciativa de 2007.
Pedimos que el Ministerio de Industria exigiera a las operadoras que, al menos en espacios sensibles como los colegios, se cumpliera con dichas recomendaciones. Los móviles pueden funcionar igual de bien sin necesidad de exponer a la población a mayores niveles de contaminación electromagnética.
Por supuesto, ningún interés en saber cuáles son esas recomendaciones. Desconocimiento absoluto sobre las numerosas declaraciones internacionales que defienden disminuir los niveles de emisión. Tampoco saben mucho en ese ministerio sobre las comunidades autónomas o ayuntamientos, como Castilla-La Mancha o Leganés, que han decidido aplicar las recomendaciones internacionales. ¿En qué se gastan los fondos de formación de este departamento?
Pedimos que el Ministerio de Industria exigiera a las operadoras que, al menos en espacios sensibles como los colegios, se cumpliera con dichas recomendaciones. Los móviles pueden funcionar igual de bien sin necesidad de exponer a la población a mayores niveles de contaminación electromagnética.
Por supuesto, ningún interés en saber cuáles son esas recomendaciones. Desconocimiento absoluto sobre las numerosas declaraciones internacionales que defienden disminuir los niveles de emisión. Tampoco saben mucho en ese ministerio sobre las comunidades autónomas o ayuntamientos, como Castilla-La Mancha o Leganés, que han decidido aplicar las recomendaciones internacionales. ¿En qué se gastan los fondos de formación de este departamento?
Nos recomendó “ir a dar la vara al ayuntamiento” que, según ellos, es el responsable de estos temas. El Ayuntamiento de Madrid nos había remitido al Ministerio de Industria.
Por otro lado, la información que le habíamos pedido nos la denegó. Los niveles de emisión actuales no se dan al público, solo a un juez. Al público sólo se le dice si se superan los máximos legales. No sabemos si es la política general del Ministerio de Industria, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones o únicamente de la Jefatura Provincial de Madrid.
Nuestro interlocutor nos dijo que hace años entregaba a la ciudadanía esos datos, pero luego decidió que eso sólo le traía problemas. Sorprende que decisiones con tanta relevancia para la salud de la población se dejen al arbitrio de una sola persona. ¿Son las jefaturas de provinciales cortijos privados?
La información sobre las instalaciones de la calle Bronce 14 y 23 tampoco quisieron proporcionárnosla, a pesar de que según el artículo 37 de la ley 30/1992 la ciudadanía tiene derecho a “acceder a los registros y a los documentos que, formando parte de un expediente, obren en los archivos administrativos, […] siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la solicitud”.
En un momento de la reunión, nos enseñó un cuadro sobre las instalaciones de la calle Bronce que nos denegó al querer volver a mirarlo. ¿Por qué tanto secretismo? ¿qué oculta el Ministerio de Industria?
No nos quedó claro que vayan a tener ningún control sobre la ampliación de las antenas de la calle Ónice y el aumento de emisiones que eso va a suponer. Lo que sí nos dejó claro es que, en caso de que tengan esa información, no van a proporcionarla a las asociaciones de afectados.
Durante toda la reunión, el Sr. Martín Calle utilizó un tono arrogante y ofensivo que apunta a que le han puesto ahí porque tiene el perfil perfecto para asustar a la ciudadanía. De esta forma, el Ministerio de Industria se evita cualquier atisbo de participación ciudadana o de transparencia en el ejercicio de las funciones públicas, y puede seguir poniéndoselo fácil a las operadoras.
Más información:
Resolución de Copenhague
